Con
la creación de la Ley Estatal de Víctimas, Oaxaca transita hacia una
justicia que privilegie los derechos de quienes han sido objeto de algún
acto delictivo.
El
nuevo marco jurídico establece la obligación en sus respectivas
competencias, a la autoridad estatal y a las municipales, así como a
cualquiera de sus dependencias, organismos o instituciones públicas y
privadas, a que velen por la protección de las víctimas.
Con
la normativa aprobada en el Congreso del Estado por la LXIII
Legislatura, se establece la obligatoriedad de las instituciones para
proporcionar ayuda, asistencia y reparación integral del daño causado.
Asimismo deberán brindar atención inmediata en materia de salud,
educación y asistencia social a las o los afectados.
Según
reportes de la estadística de Incidencia Delictiva Nacional del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), de la Secretaría de Gobernación, en el estado se cometieron 90
delitos diarios en el 2017.
Derivado
de la creación de esta nueva ley, las instituciones que no cumplan con
lo establecido quedarán sujetas a las responsabilidades administrativas,
civiles o penales que haya lugar.
Algunos
de los delitos que en Oaxaca han sido señalados dentro de un “mar de
impunidad”, derivado de la insensibilidad institucional es el
feminicidio, de diciembre del 2010 a mayo del 2017 fueron asesinadas en
Oaxaca 628 mujeres, duro contraste a los números de sentencias
condenatorias, los cuales apenas ascendieron a ocho durante el periodo
comprendido entre el 2012 y 2017.
A
los feminicidios, en Oaxaca se le suman aquellos o aquellas que han
sido víctimas de secuestro, asaltos y violación a sus Derechos Humanos,
los cuales también estarán respaldados por el Sistema Estatal de
Atención a Víctimas, el cual contará con una comisión ejecutiva estatal
para asistir y reparar el daño.