miércoles, 21 de abril de 2021

Nicolas Feria Romero, en broncas por no transparentar recursos públicos .

 



Huajuapan de León, Oax.- Según un dictamen de la actual Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, se cuestionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEO), por la opacidad de las auditorías realizadas al municipio de Santiago Juxtlahuaca y sus agencias, ya que no es clara la información que ofrece el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, siendo que hasta el momento, el edil con licencia Nicolás Feria Romero, cuenta con 24 observaciones auditables no solventadas.


Ante esta situación, integrantes del Frente de Resistencia Indígena Juxtlahuaca (FRIJ), exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y al propio Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), a tomar cartas en el asunto ante un posible desfalco por parte del ahora aspirante a la diputación local por el Distrito 08.


“Ante estos hechos y como ciudadanos de Juxtlahuaca nos encontramos abrumados por el exacerbado hartazgo generado por Nicolás Feria Romero. Reclamamos ni perdón ni olvido a este personaje puesto que además de estas presuntas irregularidades, se ha cumplido un año del despojo y desplazamiento del Palacio Municipal, ordenado y ejecutado por él así como por su padre Enrique Feria Rodríguez, acompañado de grupos paramilitares”, señalaron.


Era el 16 de abril de 2020 cuando aproximadamente a las 5:40 am, arribaron para desalojar a las comunidades del Frente de Resistencia Indígena, donde se encontraban niños, mujeres, hombres y ancianos; familias completas que recibieron golpes y salvajemente fueron desalojados. Los saldos fueron, mujeres y hombres detenidos y varios heridos.


Relataron que el desalojo implicó el robo de pertenencias y mercancías de quienes se encontraban en el plantón, así como la desaparición de bienes materiales que servían para solventar los gastos generados en sostener dicha resistencia contra un gobierno plagado de autoritarismo y supuesta corrupción, intimidaciones y amenazas.


Asimismo, los integrantes del FRIJ recordaron que las personas desalojadas en ese momento, contaban con medidas cautelares en su favor por su condición de víctimas, mismos que permanecieron en el palacio municipal con la finalidad de exhibir la desaparición de los recursos correspondiente a los ramos 28 y 33, cuyo monto desviado por el edil, hasta la fecha no se ha podido justificar ni saber sobre el paradero del capital económico.